PEP

Personas Expuestas Políticamente

Personas Expuestas Políticamente


Fuente Unión 90
En los últimos días nos hemos encontrato, con bastante frecuencia, con esta expresión "PEP". Es el acrónimo de una de las clasificaciones que el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) utiliza para designar a las Personas Expuestas Políticamente.

Dentro del análisis de las tipologías de blanqueo de capitales, el SEPBLAC utiliza esta clasificación para agrupar aquellas operaciones de blanqueo cuyo denominador común no es el tipo de operación que se realiza, o el sector de actividad o de negocio en el que se integran los fondos (característico en otras clasificaciones), sino la condición política que tiene su propietario. Señala el SEPBLAC en su análisis: "Cada vez con más fuerza surge la necesidad de reforzar los controles de las operaciones en las que se implican estas personas, sus familiares directos y las personas relacionadas, al ser especialmente sensibles al blanqueo de capitales procedentes de delitos relacionados con la corrupción."

La ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo es muy clara en cuanto a la aplicación de medidas reforzadas de diligencia debida en las relaciones de negocio u operaciones con personas de responsabilidad pública, que considera a las siguientes:

a) Aquellas que desempeñen o hayan desempeñado funciones públicas importantes por elección, nombramiento o investidura en otros Estados miembros de la Unión Europea o terceros países, tales como los jefes de Estado, jefes de Gobierno, ministros u otros miembros de Gobierno, secretarios de Estado o subsecretarios; los parlamentarios; los magistrados de tribunales supremos, tribunales constitucionales u otras altas instancias judiciales cuyas decisiones no admitan normalmente recurso, salvo en circunstancias excepcionales, con inclusión de los miembros equivalentes del Ministerio Fiscal; los miembros de tribunales de cuentas o de consejos de bancos centrales; los embajadores y encargados de negocios; el alto personal militar de las Fuerzas Armadas; los miembros de los órganos de administración, de gestión o de supervisión de empresas de titularidad pública.
  
b) Aquellas que desempeñen o hayan desempeñado funciones públicas importantes en el Estado español, tales como los altos cargos de acuerdo con lo dispuesto en la normativa en materia de conflictos de intereses de la Administración General del Estado; los parlamentarios nacionales y del Parlamento Europeo; los magistrados del Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional, con inclusión de los miembros equivalentes del Ministerio Fiscal; los consejeros del Tribunal de Cuentas y del Banco de España; los embajadores y encargados de negocios; el alto personal militar de las Fuerzas Armadas; y los directores, directores adjuntos y miembros del consejo de administración, o función equivalente, de una organización internacional, con inclusión de la Unión Europea.
  
c) Asimismo, tendrán la consideración de personas con responsabilidad pública aquellas que desempeñen o hayan desempeñado funciones públicas importantes en el ámbito autonómico español, como los Presidentes y los Consejeros y de
más miembros de los Consejos de Gobierno, así como los altos cargos y los diputados autonómicos y, en el ámbito local español, los alcaldes, concejales y demás altos cargos de los municipios capitales de provincia o de capital de Comunidad Autónoma de las Entidades Locales de más de 50.000 habitantes, o cargos de alta dirección en organizaciones sindicales o empresariales o partidos políticos españoles.
  
Ésto, así leído, está muy bien y reconforta saber que se van articulando normas para combatir la corrupción desde todos los ámbitos. Lo triste es que este análisis está fechado en enero de 2008, y la ley es de 2010. ¿De quién depende que el SEPBLAC no cuente con medios suficientes para supervisar el cumplimiento e implantación de la normativa de blanqueo, y combatir ésta lacra?

 

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